Este espacio TIJUANENSES POR DIÁSPORAS en Calafia Noticias, la semana pasada, sufrió una nefasta coincidencia cuando aparecieron notas periodísticas que señalaron el despido de 43 elementos del personal del Instituto Federal de Defensoría Pública, IFDP, ‘como respuesta’ fatídica al clamor representado en este espacio. El tema abordado en la anterior publicación de estas colaboraciones trató centralmente las barreras institucionales opuestas a la defensa del acceso a la justicia para personas migrantes. Principalmente, se expresó la escasez de personal defensor en el IFDP. Precisamente, se explicaron consecuencias de la falta de abogados competentes brindando gratuitamente servicios en asuntos migratorios que incluyen la regularización migratoria, y se comunicó siempre con tono de crítica constructiva hacia las autoridades judiciales. Concretamente, limitar institucionalmente este servicio, aun por omisión, en tanto no ha sido por comisión institucional, es un crimen contra la humanidad cuando se victimiza específicamente contra un grupo demográfico, el de migrantes internacionales.
Se explicó que la falta de personal del IFDP, para el acceso de personas en situación migrante a la justicia social, tiene consecuentes deterioros en calidad de vida de estas personas y reproduce pobreza entre nuestra sociedad; consecuentes abusos de autoridad generalizada por parte de fuerzas del orden público, con detenciones arbitrarias, y extorsión contra estas personas. En resumen, disminuir, no aumentar, personal en el IFDP resulta en ejercicio discriminatorio, por racista y xenófoba, en el acceso a la defensa legal de población en situación de migración, por disminución de capacidades de atención.
Tras la grafía en este espacio, muy por encima de todas las metas está el propósito de dialogar; ello fue alcanzado de parte de elementos del IFDP cuyos mensajes respondí, y de quienes formidablemente la población migrante recibe asesorías, y representación ante tribunales. Lo hacen por cumplimiento a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pero, sobre todo, por consciencia social y por sentido común, que entre autoridades del Poder Judicial de la Federación no siempre es el más común de los sentidos.
Justo, alrededor de los días en que nos sentamos en diálogo en un Observatorio, conjuntamente con los defensores del IFDP y en estas colaboraciones, y sin supuestos argumentales claros que, dijéramos, dialogan con nuestros aliados defensores del IFDP, las autoridades del Órgano de Administración Judicial dan oídos sordos, porque las acciones hablan por mil de palabras. Acciones que cierran el diálogo (con recortes de personal), en vez de representarlo. Lo que priva entre estas autoridades no es la consciencia social, sino una carencia de gestión ante las comisiones presupuestarias que les demuestren a legisladores ante el Congreso de la Unión la prevaleciente discriminación estructural, efecto de su mentalidad gerencial por recortar presupuestos, en vez de una reparación institucional hacia, el referido, arriba crimen contra la humanidad contra población de migrantes internacionales.
El diálogo con el que entre asesores y defensores de la Delegación del Estado de Baja California del IFDP hemos decidido establecer, en apertura para dar soporte a mejoras de atenciones a personas migrantes, más que hacia las autoridades en el Órgano de Administración Judicial, lo construimos con la población de migrantes internacionales. Afortunadamente, y debido al acompañamiento que un servidor desempeña para que el grupo demográfico, referido arriba, disfrute de las garantías individuales en nuestro territorio, aquí describiré el caso del Sr. Jorge Guirola, coordinador del albergue para migrantes internacionales, Casa de Oración Migrante A.C. quien es de origen salvadoreño. Conjuntamente planeamos visitas semanales a albergues de Tijuana, como han sido: Jardín de las Mariposas A.C., Casa de Oración Migrante A.C., Instituto Madre Asunta A.C., Albergue Al Assabil A.C., y Casita Unión Trans A.C.. De esta campaña de visitas resultó la asesoría que el IFDP ha venido ofreciendo gratuitamente en el proceso de regularización por parte del asesor Lic. Armando Bernal, del IFDP, al Sr. Guirola; quien ahora está en posibilidades de acceder a la justicia en México.
La arbitrariedad en contra de este defendido Sr. Guirola se cometió por parte de autoridades federales quienes, sin pericia de oficio al tomarle declaración, le adjudicaron ser de sexo femenino, y de origen venezolano. Fueron este tipo de deficiencias de órganos dependientes de la Secretaría de Gobernación de la Federación, que en su trato de casos con falta de meticulosidad y cuidado produjeron consecuencias de discriminación en su negación al acceso de garantías individuales en nuestro territorio, como la que en el Artículo 4to Constitucional prescribe “Toda persona tiene derecho a una identidad”.
Más allá del descuido traducido en formas de discriminación estructural, de instituciones plagadas con deficiencias y personal insuficiente, el Sr. Guirola estará en posibilidades de continuar el noble trabajo de rescatar a personas en situación migrante para que no caigan en el abandono, albergándolos y protegiéndolos; sin que el Estado Mexicano desampare la nobleza de servicio que para muchísima gente él cubre.
Huyendo de las maras, a mediados de los Años 90, él fue llevado de jovencito a Tijuana procedente de la ciudad de San Salvador, desde donde subrepticiamente al cruzarse alcanzó una vida e integración en Estados Unidos, establecido durante alrededor de 30 años. Tras su deportación a El Salvador, regresó a Tijuana recientemente, pero esta vez, huyendo de la sociedad carcelaria que los salvadoreños bajo el ‘régimen bukelista’ ya no logran sobrevivir entre violencia militarista, extorsiones, y sumergidos bajo la completa ausencia del debido proceso.
Pese a los oídos sordos centralistas (porque no saben de la vida e historia fronteriza), muchos de los bajacalifornianos a nuestra población migrante les entendemos con respeto a sus aportes para nuestra sociedad, tratándoles con la alegría de que formen parte de nuestra herencia, de la visión de nuestra cultura, y los seguiremos defendiendo, tanto en lo individual como en lo institucional, y al lado de quienes sí tengan consciencia social. En cuyo entendimiento del término ‘sentido comunitario’, aquí yace como origen del ‘sentido común’. No en los términos de Thomas Paine en su obra Common Sense, (Thomas Paine, The Writings of Thomas Paine, Collected and Edited by Moncure Daniel Conway, New York: G.P. Putnam’s Sons, 1894. Vol. 1.) de la que esta colaboración terminantemente se aleja, para establecer nuevas relaciones entre órganos gubernamentales en Tijuana y organizaciones de la sociedad civil tijuanenses.
