En los últimos días, Baja California ha estado en el centro de la conversación pública. Primero, por los acontecimientos relacionados con la gobernadora del estado y, ahora, por la detención del exgobernador Ernesto Ruffo. Más allá de las distintas posturas políticas y de las opiniones que inevitablemente surgen en redes sociales y espacios públicos, ambos casos nos obligan a reflexionar sobre algo mucho más profundo: la confianza que depositamos en nuestras instituciones.
Con frecuencia hablamos del Estado de Derecho como si se tratara únicamente de leyes, tribunales y autoridades. Pero la realidad es que ninguna democracia puede sostenerse sólo sobre normas escritas. También necesita instituciones fuertes, capaces de actuar con transparencia y, sobre todo, de generar certeza entre la ciudadanía.
Porque la confianza no se impone ni se exige; se construye.
En cualquier sociedad democrática, la justicia tiene una enorme responsabilidad: llegar hasta quienes hayan cometido una conducta ilícita, pero también proteger a quienes son inocentes. Su función no es satisfacer la indignación pública ni responder a las presiones del momento. Su obligación es actuar conforme a la ley, respetando el debido proceso y garantizando que las mismas reglas se apliquen para todas las personas, sin importar el cargo que ocupen o hayan ocupado.
Ésa es, precisamente, una de las bases más importantes del Estado de Derecho.
Sin embargo, la confianza en las instituciones no depende únicamente de que las autoridades hagan su trabajo. También depende de cómo lo hacen y de la manera en que comunican sus decisiones. La ciudadanía no espera gobiernos perfectos ni funcionarios infalibles; espera instituciones capaces de ofrecer explicaciones claras, actuar con transparencia y rendir cuentas cuando surgen dudas legítimas.
Cuando eso no ocurre, el vacío se llena rápidamente de especulaciones, versiones encontradas y desconfianza. Y ése es uno de los mayores riesgos para cualquier sociedad, porque cuando las personas dejan de creer en sus instituciones, el problema deja de ser político para convertirse en un problema de gobernabilidad.
La justicia, por supuesto, debe investigar, sancionar y, cuando corresponda, castigar. Pero también debe apegarse al principio de presunción de inocencia, proteger derechos y actuar con absoluta imparcialidad. Una institución fuerte no es la que siempre tiene la razón; es la que demuestra, con hechos, que sus decisiones están sustentadas en la ley y no en intereses ajenos a ella.
Hoy, más que nunca, resulta indispensable recordar que el Estado de Derecho no se construye únicamente desde los tribunales o las oficinas de gobierno. También se fortalece cuando existe confianza ciudadana, cuando las autoridades rinden cuentas y cuando la sociedad tiene la certeza de que la ley se aplica de manera uniforme.
En momentos de tensión pública, es natural que existan opiniones distintas. Lo importante es no perder de vista lo esencial: las personas pasan, los gobiernos cambian y las coyunturas políticas terminan. Lo que permanece son las instituciones y la credibilidad que logran construir ante la sociedad.
Gobernar no consiste solamente en tomar decisiones o administrar recursos públicos. Gobernar también implica cuidar la confianza de quienes depositan en las instituciones la esperanza de que la justicia actuará conforme a la ley, llegará a los responsables y protegerá a quienes no lo son.
Porque, al final, un Estado de Derecho sólido necesita algo más que leyes: necesita ciudadanos que crean en sus instituciones. Y esa confianza también se gobierna.
