En el marco del Día del Niño, vale la pena detenernos un momento y preguntarnos si realmente estamos entendiendo la profundidad de lo que celebramos. No se trata únicamente de una fecha simbólica o de una oportunidad para regalar sonrisas (que sin duda valen la pena), sino de recordar que las niñas, niños y adolescentes son titulares plenos de derechos, y que su protección no es opcional: es una obligación constitucional, institucional y social.
En México, el principio del interés superior de la niñez no es una aspiración, es una obligación constitucional y obliga a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, a tomar decisiones que prioricen el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes. Esto significa que cada política pública, cada resolución judicial, cada actuación por parte de cualquier autoridad administrativa debe analizarse desde una perspectiva que coloque a la niñez al centro.
Sin embargo, el verdadero reto no está en lo que dice la ley, sino en cómo la vivimos como sociedad. Garantizar los derechos de la infancia implica mucho más que evitar su vulneración; exige generar condiciones reales para su desarrollo pleno. Hablamos de acceso efectivo a la educación, a la salud, a una vida libre de violencia, a espacios seguros, a una familia que les cuide y a una comunidad que les respalde.
Aquí es donde la colaboración y corresponsabilidad cobra sentido. No basta con señalar a las autoridades, aunque su papel es fundamental. Como ciudadanos, también tenemos una participación activa en la construcción de entornos de protección. La forma en que nos comunicamos con las infancias, con nuestros propios hijos, el respeto que mostramos hacia sus opiniones, la atención que brindamos a sus necesidades emocionales, todo ello configura el tipo de sociedad en la que están creciendo.
Ahora bien, es importante subrayar que la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes no puede ni debe recaer en una sola institución. Se trata de un esfuerzo articulado. Los poderes públicos, los órganos jurisdiccionales, las instituciones educativas, los sistemas de protección, e incluso los espacios comunitarios, deben trabajar de manera coordinada y eficaz. La ley es clara: todas las autoridades están obligadas a colaborar entre sí y a cumplir cabalmente con sus responsabilidades.
Cuando esta coordinación falla, los efectos son evidentes. Niñas y niños que quedan fuera del sistema educativo, adolescentes expuestos a contextos de violencia, familias que no encuentran apoyo institucional a tiempo. Por eso, hablar del Día del Niño también implica hacer un llamado a la acción: a revisar qué estamos haciendo y qué nos falta por hacer.
Desde la trinchera jurídica, tenemos la responsabilidad de seguir impulsando una cultura de respeto y protección a los derechos de la infancia. Pero esto no se limita a los tribunales o a los espacios formales; se construye todos los días, en cada decisión, en cada interacción.
Celebrar a las niñas y niños debe ir acompañado de un compromiso real. Uno que se traduzca en acciones concretas, en políticas públicas efectivas, en instituciones que funcionen y en una sociedad que no sea indiferente. Porque garantizar sus derechos no es solo una obligación legal: es, ante todo, una responsabilidad ética que define quiénes somos como comunidad.
