Hasta que en el sistema público de centros de salud, clínicas y hospitales de Tijuana contribuyan con sus servicios en salud las profesionales médicas, enfermeras refugiadas y migrantes, para quienes hablar español (hispanófonas) es segunda lengua, el que esto escribe no descansará jamás. La razón deriva de una experiencia que marcó mi vida por el dolor compartido, producto de la sensación de impotencia ante un sistema sanitario público de personal insuficiente, por no decir discriminatorio. Los defensores de derechos humanos scalabrinianos, con quienes colaboré, marcaron la experiencia vital que generó esta convicción anterior. La premisa de esta convicción parte de una noción de resiliencia (como encarnada en uno mismo), de cómo la embarazada del presente relato llegó ante mis atenciones, doblándose y colocándose las manos sobre el vientre con lágrimas y gemidos de dolor.
En Tijuana, por los años con la llegada en caravanas desde Tapachula, ciudad fronteriza en la región sureste de México, de un flujo constante de varios cientos de haitianos, laboraba el que esto escribe encargado del Centro Scalabrini de Formación para Migrantes, una ramificación de Casa del Migrante en Tijuana, bajo las instrucciones del Padre Patrick Murphy c.s., director en aquel entonces. Conociendo que pedagógicamente el aprendizaje se adquiere de mejor manera bajo la premisa de atender —resolver de ser posible— diversas condiciones del educando, recibí a una pareja de haitianos de manera scalabriniana: ofrecer agua, asiento para descansar y orientar sobre formación en oficios, entre escucha de narrativa de movilidad. Inmediatamente, mis preguntas se dirigieron a la esposa, con el fin de conocer su estado de salud que me invade de preocupación; así me entero de lo siguiente.
En criollo haitiano (semejante al francés) y sollozando, cuenta estar embarazada de 5 meses y que viajó algunos tramos a pie, otros pidiendo transporte a la orilla del camino, su pareja y ella; que han dormido en la calle pues, no encuentran albergue (años en que todos los albergues estuvieron a tope). Ella del sollozo pasa al llanto desgarrador, para tumbarse sobre la silla en un quejido, por lo que el esposo interviene. Él me pide que ayude a su esposa y ofrezco pasar al baño en caso de ser necesario, y que no cuento con formación en salud, e imploro acudan ambos a atender a la esposa de forma gratuita al Hospital General de Tijuana, por lo que brindé indicaciones para llegar. Acto seguido, él extrae de su bolsa un papel membretado del mismo hospital, recetando “paracetamol”; leo que viene firmado. Esto me empinó en el concepto de desventaja al mismo tiempo que el de solidaridad sobre las evidencias de un tratamiento farmacológico y la narrativa de que a ella ni siquiera le practicaron una revisión sobre su área ventral debido a escasez de intérpretes que como paciente corresponde atención lingüística para su atención médica.
Esta empatía resiliente me obliga a recomendarla con la Alianza para la Salud de Refugiados, una organización de la sociedad civil (en adelante o.s.c.) que también da atención médica gratuita. A lo que él respondió, extrayendo de su bolsa una hoja recetándole “Rayos X”. En ese momento me doy cuenta que esta barrera lingüística es prevalente y común pues, ella solamente entiende criollo haitiano, su lengua madre. Tengo fotocopias de recetas membretadas institucionalmente, donde se registró a la paciente de este caso y fue realmente extrema mi entrevista con esta pareja. Las lágrimas inundaron mi mirada hundida en los ojos del esposo suplicante, a quien, con voz solidaria, ofrecí orientación sobre albergues para familias migrantes y, opcionalmente, otro para mujeres migrantes, así como también, un par de contactos telefónicos de organismos internacionales.
Los dejé descansar hasta que los quejidos de ella cedieron; pasaron ambos al baño y se marcharon sin previo aviso. Mientras, obtuve teléfonos para convocar a una reunión con personal de piso de Urgencias del Hospital General, por lo que consecuentemente, entendí que no fue negligencia en atenciones, ni por parte de médicos ni enfermeras (que sí expresaron la intención de atender la salud de esta mujer), ni por parte de su administración. Simplemente, no alcanzaron a expresar valoraciones en términos médicos debido a la barrera lingüística con no-hispanófonos mencionada.
Ahora, me encuentro inmerso en una red de vínculos profesor-comunidad de estudiantes y sus familias, entretejidos para dar respuesta a estas situaciones extremas, que en aquel entonces, todavía estaban incipientes. No obstante, que puedo fungir, hoy como actor de esta red, la narración descrita anteriormente permite compartir la observación de servicios de salud pública más perjudiciales que benéficos, para el caso de esta pareja de refugiados haitianos.
Por compromiso social las instituciones públicas deben contar con el servicio lingüístico de interpretación consecutiva en lenguas que fueran requeridas. Además, claro que existen programas de software para dispositivos de traducción entre una lengua y otra. Desafortunadamente, para terminología avanzada en medicina, ginecología y pediatría no existen programas de traducción en español. Sin embargo, lo que aflora con este hecho de ausencia de estos servicios que perjudican las vidas de mujeres no-hispanófonas, es no únicamente un compromiso social incumplido, sino una violación de derechos humanos. Sobre ello, tenemos que distinguir entre las violaciones a los derechos humanos, que pueden ser por omisión o por comisión. Con esta pareja el caso fue por omisión, de un sistema que estructuralmente omite mediante instituciones, pero a causa del personal insuficientemente capacitado en áreas sociales; resultante en una atención tan carente “como si fuera una negación de servicio”. Es de la resiliencia humana que escribí las comillas y vienen a colación de ‘sentipensar’ el júbilo y determinación por vivir de una pareja que vive un embarazo abriéndoles ilusiones y proyectos de vida en familia, y otra forzada a salidas de contingencias urgentes, en contra de su intención de formar una familia, y fracturándoles cualquier cohesión familiar.
Este acto institucional que diferenció entre una ilusión de lograr un parto tras un embarazo cuidado debidamente, y otra de poner la vida en riesgo, es exactamente lo que demuestra una práctica de discriminación estructural en contra de refugiados por instituciones sin personal que remonte barreras lingüísticas.
Éste fue mi razonamiento durante toda esta experiencia vivida en aquel momento; pero, por supuesto, al ser una realidad frecuente, desde aquel entonces hasta nuestros días, lo imperante es corregir de conformidad con el Artículo 4º Constitucional, violaciones por omisión a los derechos de mujeres refugiadas no-hispanófonas. La actualidad de mi red en la que vivo inmerso de vínculos en comunidad con familias de personas refugiadas, desde aquel entonces, ha permitido conjuntamente organizar cursos de criollo haitiano para médicos, y para toda índole de profesionales de áreas de servicios públicos. Sobre todo, para personas refugiadas no-hispanófonas desarrollé un programa de inclusión al sistema de educación formal en niveles medio superior, superior y posgrado, mediante el cual acompaño en todo el proceso de profesionalización. Incluyendo en las carreras de medicina y enfermería.
En conclusión, una vivencia en empatía resiliente y trabajo en o.c.s., de raíces atravesadas por historias de tijuanenses llegados de otros lados a esta frontera norteña, puede construir comunidad como convicción. Convicción de contribuir con capacidades y talentos a mejorar nuestra ciudad y sus historias auténticamente fronterizas y que son una bendición cultural. Bendición que no sólo nos promueve en lo individual con nuestros orígenes migratorios sino además, tiene mayor alcance en proteger nuestras historias que han sido una defensa comunitaria, legal, económica, social, y política.
