En el ejercicio diario de mi práctica profesional, y también en las gestiones que realizamos desde COPARMEX, escucho una queja que se repite con insistencia entre empresarios: “Pagamos un dineral al IMSS y nuestros trabajadores no reciben la atención médica que necesitan”.
Y, siendo honestos, no les falta razón. Sin embargo, también es cierto que la alternativa de no asegurar a los trabajadores puede resultar mucho más costosa. Más allá de las multas y las consecuencias legales, existe un riesgo reputacional enorme para cualquier empresa en caso de un accidente laboral o, en el peor de los escenarios, de una defunción derivada de un riesgo de trabajo. La seguridad social no es opcional; es una obligación legal y, sobre todo, una responsabilidad ética.
Las cuotas obrero-patronales han aumentado de manera significativa en los últimos años. La reforma de pensiones aprobada en 2020 estableció un incremento gradual en la aportación patronal de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, aumento que continuará aplicándose año con año. A ello se suma el importante crecimiento de los salarios derivado de los incrementos al salario mínimo, los cuales han desplazado hacia arriba prácticamente toda la estructura salarial de las empresas.
Siempre he defendido el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social. Llevo años auditando empresas y verificando que se observe cabalmente la Ley del Seguro Social. También he sostenido que no se debe hacer negocio a costa de los derechos de los trabajadores: si una empresa no puede pagar seguridad social, entonces el problema no es la cuota, sino la viabilidad misma del negocio. Y lo sigo pensando.
Pero confieso que cada vez es más difícil sostener esa convicción frente a la realidad que enfrentan los derechohabientes. Los cuellos de botella en las áreas de urgencias, la demora para obtener citas con especialistas, los tiempos de espera para cirugías y la saturación general del sistema han provocado que muchas empresas terminen absorbiendo, por su cuenta, gastos médicos que en teoría deberían ser cubiertos por el Instituto.
Quienes nos dedicamos a dictaminar para efectos de Seguro Social conocemos la enorme responsabilidad que implica dar fe del cumplimiento de las obligaciones patronales. Nuestro trabajo busca salvaguardar los derechos de los trabajadores y garantizar el pago correcto de las cuotas obrero-patronales.
Por eso también sabemos que la parte más satisfactoria de esta labor es cuando el patrón y la autoridad reconocen el valor del dictamen. Resulta especialmente gratificante comprobar que, gracias a una revisión adecuada, se restituyen derechos de los trabajadores y se corrigen cotizaciones que impactan directamente en sus incapacidades, en sus semanas cotizadas y, eventualmente, en sus pensiones.
También es valioso acompañar a las empresas en sus procesos de cumplimiento, brindándoles certeza y tranquilidad. La confianza de un empleador que sabe que está haciendo las cosas correctamente, y el reconocimiento de la autoridad al trabajo técnico realizado, son aspectos que verdaderamente no tienen precio.
Pero sería irresponsable ignorar el problema de fondo. Cada vez cuesta más encontrar argumentos para explicar por qué el costo de la seguridad social sigue creciendo mientras la percepción del servicio entre los trabajadores continúa deteriorándose.
México necesita fortalecer su sistema de salud pública, no debilitarlo. Y precisamente por ello debemos insistir en un diálogo permanente y serio con las autoridades. Las empresas están cumpliendo; los trabajadores siguen aportando; ahora corresponde al Estado garantizar que el derechohabiente reciba una atención digna, oportuna y suficiente.
La discusión no debe centrarse en si se paga o no al IMSS. La verdadera pregunta es si el esfuerzo económico que realizan millones de patrones y trabajadores se está traduciendo en el servicio de salud que el país merece. Porque cuando la respuesta comienza a ser “no” para un número creciente de personas, lo que está en juego no es solamente la percepción del Instituto, sino la confianza misma en el sistema de seguridad social mexicano.
