La educación es un proceso que nos expande horizontes y que hoy más que nunca, será durante toda la vida, sucederá en cualquier lugar, y a través de distintos medios. Sin embargo, nos encontramos en una coyuntura donde la intención de proteger la salud mental de las infancias —una preocupación legítima que compartimos— amenaza con traducirse en una normativa restrictiva. Ante la detección de problemas por el mal uso de dispositivos móviles, se está impulsando una iniciativa para regular y en ciertos casos prohibir dispositivos digitales personales dentro de las escuelas. Desde una visión estratégica y disruptiva, debemos advertir que la prohibición no solo es ineficaz, sino que puede profundizar las brechas digitales que tanto nos ha costado estrechar.
El primer riesgo de esta propuesta radica en la ambigüedad. El término “dispositivos digitales personales” es una expresión en donde caben desde el teléfono móvil hasta las tabletas y computadoras personales que muchas escuelas solicitan a sus alumnos para uso cotidiano, talleres de edición de video, diseño o programación. Al elevar esta restricción a rango de ley, corremos el riesgo de burocratizar el criterio pedagógico. Cada institución educativa, en ejercicio de su libertad de enseñanza, debe tener la facultad de decidir cuándo un dispositivo es un distractor y cuándo es la herramienta esencial para una asignatura específica. Una ley o disposición legal anula la autonomía escolar y somete la innovación al arbitrio de una normativa rígida.
La tecnología como el gran ecualizador
Investigaciones internacionales, como las documentadas por UNICEF y la UNESCO, demuestran que el Mobile Learning es una de las herramientas más potentes para disminuir brechas en comunidades rurales y sectores vulnerables. Programas exitosos en América Latina, como las Secundarias Rurales mediadas por Tecnologías (SRTIC), han probado que los dispositivos móviles permiten a las juventudes en parajes aislados acceder a contenidos de calidad mundial que la infraestructura física del Estado aún no puede proveer. Prohibir el dispositivo es, en muchos casos, cerrar la única ventana al conocimiento que poseen las infancias en contextos de marginación.
Vale la pena recordar una decisión que nos retrasó décadas en educación. Durante la emergencia sanitaria, la gestión de la autoridad federal mexicana perdió una oportunidad de oro. Lo deseable habría sido que el gobierno apurara el crecimiento de la conectividad y digitalización en el país, fortaleciendo redes de fibra óptica e inalámbricas universales. Por el contrario, solo se desarrollaron programas de radio y televisión obsoletos y desorganizados que hoy nos pasan factura en términos de rezago educativo. No podemos permitir que, tras haber fallado en la provisión de infraestructura, ahora se pretenda fallar en la regulación, restringiendo el acceso a las herramientas que las familias han adquirido con su propio esfuerzo.
El vacío legal y el futuro del aprendizaje
Por otro lado, existe un vacío crítico en el reconocimiento de las tecnologías educativas para el nivel básico. Actualmente, operan plataformas extraordinarias de aprendizaje a distancia que están educando con éxito y otorgando formación de primer nivel a miles de niños y jóvenes. Desafortunadamente, la falta de una normativa que valide estas opciones obliga a los estudiantes a trabajar sin un reconocimiento oficial mexicano, a pesar de que su formación es, en muchos casos, superior a la del sistema educativo tradicional. Sería una contradicción absoluta si por un lado se ignoran las plataformas que funcionan y, por el otro, se prohibieran los dispositivos que permiten acceder a ellas.
La verdadera solución no es la prohibición, sino la capacitación docente. El personal docente y directivo, así como las familias, debe ser formados en el desarrollo de las seis habilidades digitales clave en el marco de Alfabetización Digital Global de la UNESCO: Alfabetización informacional y de datos; Comunicación y colaboración; Creación de contenido digital; Seguridad y protección; Resolución de problemas; Manejo de dispositivos y software. En lugar de una ley regulatoria general que traería un retroceso en proyectos innovadores, debemos apostar por guías de uso responsable y protocolos internos que se adapten al contexto de cada escuela.
Como defensores de la dignidad de la persona y del Modelo de Desarrollo Inclusivo, nuestro llamado es claro: no cerremos las puertas del aula al siglo XXI. La tecnología no es el enemigo; la verdadera amenaza es un sistema que prefiere prohibir lo que no alcanza a comprender. Eduquemos para la libertad, formemos para el futuro y aseguremos que la educación sea, verdaderamente, un motor de progreso para todos.
