Las instituciones educativas de iniciativa privada en México tenemos hoy una responsabilidad que va más allá de la función social educadora y de lo empresarial al generar economía, empleos e impuestos; somos también herederas de una tradición que precede, por siglos, a la conformación de cualquier sistema educativo federal o estatal. Para comprender nuestra labor, es necesario desmitificar la idea de que el Estado ha sido siempre el único educador. Por el contrario, la escuela en México nació de la iniciativa ciudadana, de la vocación religiosa y del compromiso de familias que entendieron la formación como un acto de libertad primaria.
Antes que el Estado, existió la comunidad. Durante la época colonial, la educación no era una función administrativa del gobierno, sino un esfuerzo de la sociedad civil organizada. La enseñanza comenzó con los “preceptores”, figuras que brindaban instrucción individual y domiciliaria, evolucionando gradualmente hacia las primeras instituciones de sostenimiento particular. En el siglo XVI, las órdenes religiosas establecieron los cimientos de lo que hoy conocemos como sistema escolar, con colegios de renombre que atendían no solo a las élites, sino que integraban a diversos sectores sociales bajo una visión humanista.
Incluso tras la Independencia y durante el siglo XIX, la educación privada floreció como respuesta a la inestabilidad política. En 1830, el surgimiento de las escuelas privadas se consolidó con la llegada de docentes e influencias pedagógicas europeas, principalmente francesas. En ese entonces, la libertad de enseñanza era un principio defendido incluso por el pensamiento liberal del siglo XIX, reconociendo que la instrucción era un derecho de los individuos y no una concesión de la autoridad.
1934, el asalto al pensamiento y el monopolio ideológico. Este flujo natural de participación social sufrió su golpe más severo en 1934. Si bien la Constitución de 1917 ya imponía el laicismo, fue bajo la gestión de la autoridad educativa durante el sexenio de Lázaro Cárdenas cuando se reformó el Artículo Tercero para imponer una educación explícitamente socialista.
Este episodio representó un intento jurídico sin precedentes por establecer un monopolio ideológico absoluto. La reforma de 1934 no buscaba simplemente normar, sino arrebatar el monopolio espiritual a la sociedad civil para sustituirlo por una hegemonía estatal. Se prohibió expresamente a las sociedades por acciones intervenir en la educación y se obligó a las escuelas particulares a seguir estrictamente planes y métodos diseñados para crear un “concepto racional y exacto del universo”. El Estado asumió un rol hegemónico, asaltando la libertad de cátedra y pretendiendo moldear las conciencias de la juventud bajo una sola bandera ideológica. Fue un periodo de exclusión y restricción al emprendimiento que marcó una herida profunda en el ecosistema educativo nacional.
El retorno a la pluralidad: 1992 y 1993. La resiliencia de las familias y de los educadores particulares permitió que la pluralidad educativa sobreviviera a la sombra de estas restricciones. No fue sino hasta las reformas constitucionales de 1992 y la Ley General de Educación de 1993 cuando México comenzó a sanar esa brecha. Estas reformas fueron hitos históricos que devolvieron la oportunidad a los particulares de participar plenamente en el Sistema Educativo Nacional.
En 1992, se eliminaron las prohibiciones que impedían a las corporaciones religiosas y a las sociedades civiles participar en la enseñanza, reconociendo finalmente que el Estado no puede —ni debe— ser el único proveedor de cultura y conocimiento. Las reformas de los 90 fueron un acto de justicia histórica que permitió el florecimiento de una oferta educativa diversificada, actualizada y, sobre todo, basada en la libertad de elección de los padres de familia como los primeros y principales educadores de sus hijos.
De 2018 a la fecha, las políticas públicas educativas llevan un retroceso a la imposición ideológica como hace noventa años. Recientemente fuimos testigos del despido de su cargo quien fungió como director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) quien se dijo abiertamente obradorista antes que un funcionario seriamente responsable por la educación de millones de mexicanos.
La vigencia de una batalla permanente. La historia nos demuestra que la libertad de enseñanza es una conquista frágil. Lo que comenzó como una labor de preceptores y comunidades en el virreinato, y que fue casi asfixiada por el monopolio ideológico de 1934, hoy se mantiene en pie gracias a la firmeza de quienes creemos en la diversidad de pensamiento.
Hoy, las escuelas de sostenimiento particular tenemos el desafío de seguir operando bajo marcos normativos exigentes, pero siempre aportando ese valor agregado que solo nace de la libertad. No debemos permitir que el peso burocrático o los intentos de uniformidad nos hagan olvidar nuestra raíz: nacimos de la sociedad civil y para la sociedad civil. Defender nuestra historia es defender la posibilidad de que cada familia mexicana siga teniendo la libertad de escoger el camino educativo que mejor logre alcanzar sus propósitos de vida.
