La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) anunció una prórroga de 184 días para el registro obligatorio de líneas celulares, pues a pocos días del vencimiento original, menos de la mitad de los usuarios en México habían vinculado su línea con su CURP.
Más de la mitad de líneas sin registrar reflejan una resistencia que merece ser analizada y escuchada con atención. Yo no creo que haya sido descuido o desidia de los usuarios.
Si bien, la intención puede ser legítima considerando el problema que enfrenta México con el uso de teléfonos celulares para cometer delitos como extorsión, fraude y amenazas y suena lógico que se esté tratando de reducir el anonimato de quienes utilizan estas herramientas para dañar a otros, el problema no está en el objetivo, sino en la historia que llevamos acumulada.
Este no es tema nuevo, en 2008 México ya vivió una experiencia similar con el Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (RENAUT), creado bajo argumentos parecidos. Combatir el crimen y proteger a los ciudadanos. Sin embargo, el resultado terminó generando mayor desconfianza cuando la base de datos de millones de usuarios fue filtrada y comercializada ilegalmente.
Ese antecedente sigue pesando mucho. Las autoridades señalan que el nuevo registro es distinto: no incluye datos biométricos, solicita únicamente nombre y CURP, y la información permanecería bajo resguardo de las compañías telefónicas, no en una base gubernamental centralizada. Técnicamente es un avance frente a propuestas anteriores.
Sin embargo, la confianza ciudadana se construye con hechos, experiencia y resultados y no con argumentos técnicos. México ha enfrentado filtraciones de información sensible en distintas instituciones, y los ciudadanos tienen razones para preguntarse quién protegerá sus datos y qué consecuencias existirán si esa confianza vuelve a romperse.
Lo que hemos visto internacionalmente también nos deja lecciones. Aunque muchos países cuentan con registros obligatorios de tarjetas SIM, registrar no siempre significa proteger. Cuando se concentran grandes volúmenes de información, también se concentran riesgos.
Por eso esta prórroga debe verse como una oportunidad. No solo como más tiempo para registrar líneas, sino como una oportunidad para construir confianza y eso es lo más difícil.
Se requiere mucha transparencia sobre los mecanismos de seguridad: cómo se protegerá la información, quién auditará los procesos y cuáles serán las consecuencias ante posibles filtraciones.
Es importante también la rendición de cuentas. Si el objetivo es combatir delitos, deben existir indicadores públicos que demuestren si la medida realmente reduce extorsiones, fraudes y otros delitos relacionados.
Además, y no menos importante, debe garantizarse que los más vulnerables, incluyendo adultos mayores, comunidades rurales y personas con menor acceso digital no terminen siendo afectadas por una política creada precisamente para protegerlas.
Nuestras instituciones deben fortalecer su cultura de protección de datos personales. Antes de pedir a los ciudadanos entregar información, las instituciones necesitan demostrar que pueden resguardarla.
Lo que resulta irónico es que las compañías tecnológicas conocen hoy mucho más sobre nuestros hábitos y ubicación de lo que este registro solicita. Sin embargo, la resistencia no surge ante las compañías de telefonía móvil sino frente al gobierno. Eso revela el verdadero reto de recuperar confianza. Esa que se construye con transparencia, resultados y responsabilidad.
