Hay una palabra que aparece constantemente en leyes, discursos y políticas públicas, pero que pocas veces llevamos a la práctica: corresponsabilidad.
La escuchamos cuando hablamos de seguridad, de violencia, de educación o de infancia. Sin embargo, pareciera que siempre esperamos que esa responsabilidad recaiga en alguien más. En el gobierno, en la escuela, en la policía, en los jueces o en las instituciones. Rara vez nos detenemos a pensar cuál es la parte que nos corresponde.
Y quizá ahí está uno de los mayores retos que enfrentamos como sociedad.
Durante los últimos años, desde la Barra de Abogadas hemos impulsado distintas propuestas relacionadas con la protección de niñas, niños y adolescentes, la prevención de la violencia y el fortalecimiento de las instituciones. En cada reunión con autoridades encuentro algo en común: todos reconocemos que el problema existe y todos coincidimos en que debe atenderse. Pero también es cierto que ninguna institución, por sí sola, puede resolver problemas que se han construido durante décadas.
Pensar que una ley resolverá todo es tan equivocado como creer que una sola autoridad puede hacerse cargo de toda la sociedad.
La corresponsabilidad significa entender que cada uno tiene una función distinta, pero igualmente importante.
Al Estado le corresponde crear políticas públicas, garantizar seguridad, investigar los delitos y procurar justicia. A las escuelas les corresponde formar, orientar y detectar señales de riesgo. A las familias nos corresponde educar, establecer límites, acompañar y estar presentes. A la sociedad le corresponde dejar de ser indiferente frente a lo que ocurre a su alrededor.
Porque la prevención comienza mucho antes de una denuncia o de un proceso judicial.
Comienza cuando un padre decide involucrarse en la vida de sus hijos. Cuando una madre escucha antes de juzgar. Cuando un maestro identifica un cambio de conducta en un alumno. Cuando un vecino denuncia una situación de riesgo. Cuando dejamos de pensar que “no es mi problema”.
Todos hablamos de derechos. Y está bien hacerlo. Pero pocas veces hablamos de las responsabilidades que hacen posible que esos derechos existan.
No podemos exigir una sociedad respetuosa si en casa normalizamos la violencia. No podemos pedir instituciones fuertes si nosotros mismos ignoramos la ley cuando nos resulta incómoda. No podemos reclamar mejores ciudadanos si dejamos de formar personas con valores, empatía y sentido de comunidad.
La corresponsabilidad no significa repartir culpas. Significa compartir compromisos.
Como sociedad, necesitamos dejar de preguntarnos quién tiene la obligación de resolver los problemas y empezar a preguntarnos qué podemos hacer cada uno para evitar que esos problemas sigan creciendo.
Estoy convencida de que las grandes transformaciones no comienzan en un Congreso ni en un juzgado. Comienzan en las decisiones cotidianas de millones de personas que entienden que vivir en comunidad también implica hacerse responsable de ella.
Tal vez la corresponsabilidad no sea una palabra tan llamativa como otras. Pero, si realmente lográramos entenderla y practicarla, podría convertirse en la herramienta más poderosa para construir un país más seguro, más justo y, sobre todo, más humano.
