Desde el 2024 lo dijimos: México sí necesitaba una reforma judicial. Durante años fue evidente la necesidad de fortalecer el sistema de justicia, mejorar procesos, combatir malas prácticas y construir un Poder Judicial más eficiente, más cercano y confiable para la ciudadanía. Nadie podía negar que hacía falta una transformación profunda.
Sin embargo, también señalamos que esa reforma no era lo que realmente necesitábamos. Desde las barras, colegios de abogados, académicos y especialistas expresamos la preocupación de que la reforma impulsada en 2024 terminara debilitando algo esencial para cualquier democracia: la independencia judicial.
Porque una verdadera reforma judicial debía fortalecer la autonomía del Poder Judicial, no exponerlo a influencias políticas. Desde un inicio advertimos que no podía construirse justicia poniendo en riesgo la carrera judicial, minimizando la preparación técnica o sometiendo a quienes imparten justicia a dinámicas políticas que pudieran afectar su libertad para resolver conforme a derecho.
Hoy, la nueva propuesta presentada en 2026 confirma parte de esas preocupaciones. El hecho de que ahora se plantee aplazar la elección judicial a 2028, fortalecer la capacitación obligatoria a través de la Escuela Judicial y establecer mecanismos homologados de evaluación demuestra que sí era necesario reconocer la importancia de los filtros técnicos, la experiencia y la preparación profesional para quienes tendrán en sus manos la responsabilidad de aplicar la ley y proteger los derechos de la ciudadanía.
Impartir justicia no puede improvisarse. La ciudadanía merece jueces, magistrados y ministros preparados, con conocimiento jurídico, criterio, experiencia y formación constante. Las decisiones que se toman dentro de un tribunal afectan familias, patrimonio, derechos humanos y proyectos de vida.
Sin embargo, aunque estas nuevas medidas ayudan a corregir errores evidentes de la reforma original, también es importante decirlo con claridad: esto todavía no resuelve el verdadero problema de fondo.
Lo que realmente necesita México, además de preparación y capacitación, es un Poder Judicial verdaderamente autónomo e independiente, libre de cualquier influencia política y comprometido únicamente con la Constitución y la ley.
Ésa debería ser la prioridad principal.
Porque un juzgador puede tener todos los cursos, exámenes y certificaciones posibles, pero cuando existe presión política, incertidumbre sobre su permanencia o intereses externos influyendo en sus decisiones, la independencia judicial deja de existir. Y ésa es precisamente una de las mayores preocupaciones que hoy enfrenta nuestro país: haber debilitado la autonomía del Poder Judicial. Porque cuando la justicia pierde independencia, quien termina perdiendo es la ciudadanía.
La función de un juez no es agradar al gobierno, responder a partidos políticos ni actuar conforme a intereses de grupo. Su responsabilidad debe ser una sola: aplicar la Constitución y la ley, incluso cuando sus resoluciones resulten incómodas para quienes tienen poder.
Por ello, resulta indispensable fortalecer el papel de la Carrera y la Escuela Judicial, y permitir que el primer filtro técnico recaiga en el propio Poder Judicial, mediante evaluaciones de conocimiento jurídico y perfil jurisdiccional. No se trata de proteger privilegios, sino de garantizar que quienes lleguen a impartir justicia cuenten con la preparación necesaria para asumir una responsabilidad delicada.
Aun así, quiero pensar que esta nueva propuesta representa al menos el inicio de algo importante: reconocer que muchas cosas se hicieron mal, precipitada y que el país necesita regresar a principios que nunca debieron ponerse en riesgo. Tal vez éste sea el primer paso para reconstruir lo que durante años sí funcionó, pero necesitaba purgar sus vicios y fortalecer sus cimientos.
Porque al final, México no necesita jueces al servicio del poder. México necesita jueces al servicio de la ley.
