El viernes 26 pasado, organizado por Instituto Federal de Defensoría Pública, en adelante IFDP, como orador participante en el Observatorio “Atención jurídica con enfoque sobre diversidades”, dirigí algunas palabras desde el panel hacia dos públicos. En primer lugar, al Director General Magistrado Benjamín Rubio Chávez, al equipo a su alrededor, con todo el Órgano de Administración Judicial en su conjunto; y en segundo lugar, al público asistente y a las organizaciones de la sociedad civil involucradas con la defensa de personas migrantes. Entre estos últimos, se acercaron, asesores de la defensoría pública al cierre del evento con gratitud hacia lo pronunciado, sobre lo que a continuación describiré. Mas, no sin antes recordar que como expresión de camaradería de profesionales, quien te quiere ayudar a mejorar, es quien te hace críticas constructivas, compartidas sin afán ofensivo. En este espacio la postura que adoptaremos tendrá una prerrogativa sobre criticar al amigo porque lo queremos ver mejorar; lo criticamos, no porque le queremos verlo con desdén sino, ver que tuviera algunas virtudes que están menoscabadas por algunas fallas, y verlo quedarse con esas virtudes, corrigiendo ciertas falencias.
Explico ahora, un contexto en torno a mi deseo de buscar que entre mis tres aliados asesores sintieran mi solidaridad como empleados de una institución responsable del acceso a la justicia gratuita de personas en situación socioeconómica adversa. A estos tres asesores del IFDP, Tijuana, los he visto trabajar, con una empatía formidable en sus quehaceres de defensoría; puedo decir que sin lugar a dudas tienen mi respeto y confianza. A la Lic. Padilla por varias ocasiones aprecié su incansable esfuerzo constante, eficiente y eficaz por una base de regularización que permite alcanzar otro cumplimiento de derechos de personas migrantes por una calidad de vida mejor; a ambos licenciados López y Bernal también, mi merecido reconocimiento porque diario pasan horas con sus atendidos y han visitado albergues para migrantes para difundir y aproximar al IFDP con la personas migrantes; ello, afortunadamente, debido a la visión interinstitucional del Delegado en B.C., Lic. Víctor Manuel González Ruíz. Los tres en este espacio siempre figurarán connotados favorablemente porque, desde mis diferentes adscripciones entre organizaciones de la sociedad civil, he tenido el privilegio de atestiguar el acceso expedito a la justicia por parte de personas en situación migrante, gracias al profesionalismo con empatía de los tres asesores. En los esfuerzos de quien esto escribe hacia la inclusión oficial a la educación superior de migrantes, este acceso expedito a la justicia es el aporte de regularización, de lo que depende mi acompañamiento en el resto de todas las gestiones escolares.
Como actor en la institucionalidad en este espacio seguimos con fervor la apertura al diálogo intra e interinstitucional, diálogo en este Observatorio al que acudí. Se me pidió hablar sobre barreras institucionales y culturales. Así comencé diciendo que tres asesores, para una ciudad conocida por sus flujos migratorios y dinámicas fronterizas, son granitos de edificaciones colosales necesarias para personas migrantes. Es decir, tres asesores son insuficientes, cuyo carácter restringidamente limitante, en este espacio se enfoca como discriminación estructural, que es mucho más perniciosa que la discriminación individual. Más perniciosa porque establece ‘retroalimentación positiva’ de una dinámica que socialmente reproduce ideologías xenófobas que, a su vez, ciegan el conocimiento constitucionalista de las garantías individuales, y refuerzan a instituciones de estructuras discriminatorias.
Entonces, tener a tres asesores en Tijuana para regularizaciones de migrantes, es no darle seriedad al acceso a la justicia de tales personas, lo cual genera dilación en acceso a la justicia, que es una contravención a la Constitución Política de la República Mexicana. Texto que de alguna manera emanó de una gesta revolucionaria, peleada precisamente por las injusticias sociales históricas en México; y que en su Artículo 4to Constitucional dice, en el párrafo 9º “Toda persona tiene derecho a una identidad […]”. Así, la manera de utilizar un diálogo en un espacio institucional, como lo fue el Observatorio pasado, es reivindicando la defensa de los derechos de personas migrantes entre otros derechos, haciendo reivindicación de un trío de asesores estelares del IFDP con cargas de trabajo extenuantes y, a todas luces una contradicción. Por ello se alzó la voz tras esta discriminación estructural, que es deber de sus autoridades del Órgano de Administración Judicial ser escuchados en el Congreso de la Unión, y que las comisiones de egresos presupuestarios destinen los fondos institucionales para contrataciones de recursos humanos y capacitaciones de más asesores en leyes de migración para ciudades fronterizas. Sobra decir, que para un enorme volumen de personas migrantes la explicación de cómo el personal insuficiente es la causa, generando estas dilaciones, les son palabras que como el relleno de paja de una cama, se lleva el viento muy lejos. Ellos lo que narran es la desesperación de una frustración que se les echó encima de frustraciones en cadena, que los obligaron a abandonar sus lugares de origen; sentimiento de impotencia que repercute en ya resignarse a la falta de documentación, de consecuencias fatales. Por eso, echamos mano de estrategias en diferentes niveles.
Quedó documentado en el canal de transmisiones del IFDP, no sólo para referencia de asistentes y panelistas, sino para buscar la continuación de este diálogo entre una entidad de gobierno y organizaciones de la sociedad civil. Estaremos pendientes en las siguientes sesiones de las comisiones legislativas encargadas del diseño presupuestario del próximo año, que es cancha de quienes deben poner el balón estratégicamente para las fases siguientes del acceso a la justicia y el goce de derechos humanos a plenitud de personas migrantes en el territorio mexicano.
