Con el propósito de poner tope a las jubilaciones y evitar las llamadas “pensiones doradas” en las entidades públicas, el Congreso local respaldó que ninguna persona servidora pública podrá recibir una pensión o jubilación mayor a la mitad de la remuneración prevista para la persona titular del Ejecutivo Federal.
La reforma establece que el objetivo es preservar el carácter de las pensiones como instrumento de protección social y evitar beneficios individuales excesivos con cargo al erario.
Este cambio se inscribe en el esfuerzo nacional por ordenar el sistema de remuneraciones y pensiones del sector público, impulsado desde el Ejecutivo Federal por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha subrayado la necesidad de garantizar pensiones dignas y evitar privilegios desproporcionados que comprometan el gasto público.
El proyecto de decreto remitido por el Congreso de la Unión reforma y adiciona el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Las y los legisladores del Estado, coincidieron en el Dictamen proveniente del Parlamento Federal, al subrayar que la seguridad social responde a una lógica de solidaridad colectiva y de tutela frente a riesgos socialmente compartidos. Bajo ese razonamiento, las pensiones deben garantizar dignidad y bienestar a las generaciones presentes y futuras, sin convertirse en beneficios individuales desproporcionados.
Asimismo, se precisa que quedan excluidas de este límite las Fuerzas Armadas, las pensiones derivadas de aportaciones voluntarias en cuentas individuales, las aportaciones sindicales en sistemas complementarios de ahorro y la pensión no contributiva prevista en el artículo 4 constitucional.
Durante la discusión de la Minuta, las diputaciones acordaron establecer mesas de trabajo con grupos de jubilados del Issstecali para definir con claridad en las leyes secundarias los alcances de esta reforma federal y garantizar que la armonización estatal no perjudique a quienes reciben su retribución de manera legítima y digna.
