El Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra otros funcionarios y exfuncionarios de alto nivel, por su presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa para el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.
De acuerdo con el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, la acusación señala que los implicados habrían facilitado durante años la operación del grupo criminal a cambio de sobornos y respaldo político. Entre los acusados se encuentra también el senador Enrique Inzunza Cázarez, así como mandos policiales y funcionarios estatales y municipales.
Según el documento judicial, los acusados habrían participado en una red de corrupción que permitió la introducción masiva de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas a Estados Unidos. Las autoridades sostienen que los funcionarios utilizaron sus cargos para proteger cargamentos, filtrar información confidencial sobre operativos y evitar detenciones de integrantes del grupo delictivo.
La investigación indica que varios de los implicados mantenían vínculos con la facción conocida como “Los Chapitos”, asociada a los hijos de Joaquín Guzmán Loera. En el caso del gobernador Rocha Moya, se le atribuye haber recibido apoyo de este grupo durante su campaña electoral en 2021, así como sostener reuniones en las que habría acordado brindar protección a sus actividades.
El expediente también incluye acusaciones de participación directa en actos violentos. Uno de los imputados, identificado como Juan Valenzuela Millán, exmando policial en Culiacán, enfrenta cargos adicionales por secuestro que derivó en la muerte de una fuente de la DEA y un familiar.
Las autoridades estadounidenses señalaron que este caso forma parte de una serie de procesos iniciados desde 2023 contra integrantes y colaboradores del cártel, con más de 30 personas acusadas en total. Todos los señalados en esta acusación se encontrarían actualmente en México.
Los cargos incluyen conspiración para el tráfico de drogas y posesión de armas de alto poder, con penas que van desde 40 años de prisión hasta cadena perpetua. Las autoridades subrayaron que las acusaciones son preliminares y que los imputados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal.
