El diputado Jesús Daniel Razo Córdova presentó una iniciativa para reformar la Ley de Fomento a la Competitividad y Desarrollo Económico de Baja California, con el propósito de cancelar los estímulos económicos otorgados por el Gobierno a empresas que incurran en violaciones graves a la legislación laboral, como despidos masivos sin aviso previo o el incumplimiento reiterado en el pago de salarios y prestaciones.
La propuesta busca modificar el artículo 18 de dicha ley para incorporar como causa de cancelación de los estímulos el incumplimiento de obligaciones laborales, con el objetivo de que únicamente las empresas que respeten los derechos de sus trabajadores puedan mantener los beneficios otorgados por el Estado.
“Los estímulos son un reconocimiento público para quienes contribuyen al desarrollo económico, pero no pueden mantenerse para empresas que vulneran los derechos de sus trabajadores. Es indispensable que se respeten salarios, prestaciones y estabilidad laboral”, expresó.
Daniel Razo, legislador de Baja California.Razo Córdova señaló que la legislación vigente contempla como causales para retirar los estímulos irregularidades fiscales, presentación de información falsa, desvío de recursos o simulación de acciones, pero no considera el respeto a los derechos laborales como un criterio para conservar esos incentivos.
Las violaciones graves a la legislación laboral trascienden el ámbito administrativo, debido a que afectan la estabilidad económica y emocional de las familias trabajadoras, mencionó.
En la exposición de motivos de la iniciativa se establece que este tipo de prácticas genera incertidumbre para los trabajadores y repercute en sus proyectos de vida, por lo que consideró necesario fortalecer el marco legal en materia de responsabilidad empresarial.
“Esta reforma también es preventiva; saber que una violación grave puede derivar en la cancelación de estímulos funciona como un disuasivo para quienes pretendan sacrificar derechos laborales en aras de una falsa competitividad”, afirmó.
La propuesta no busca criminalizar a las empresas, aclaró, sino establecer una relación clara entre el acceso a recursos públicos y el cumplimiento de obligaciones laborales, con el fin de incentivar prácticas responsables dentro del sector productivo.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Desarrollo Económico y Comercio Binacional del Congreso del Estado para su análisis y estudio.
