Por votación unánime, las diputadas y diputados de la XXV Legislatura del Congreso del Estado aprobaron la iniciativa para establecer el trabajo comunitario como sanción para quienes tiren basura en espacios públicos.
La iniciativa fue presentada por la diputada Michelle Tejeda, la cual reforma el artículo 66 de la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del Estado de Baja California.
La modificación establece que el trabajo comunitario se incorpore al catálogo de sanciones y que se clasifique como infracción el acto de tirar residuos en la vía pública o en lotes baldíos, atendiendo una problemática que afecta directamente la salud pública y el medio ambiente.
El cambio a la ley indica que el trabajo comunitario se aplicará en labores de protección, conservación y preservación del medio ambiente en el sitio o entorno afectado, fortaleciendo el régimen sancionador a favor del poder ejecutivo estatal y de los municipios.
La diputada Michelle Tejeda consideró en sus argumentos que la acumulación de basura en parques, banquetas, arroyos vehiculares y terrenos baldíos, provoca condiciones insalubres como la proliferación de fauna nociva, obstrucción de drenajes con riesgo de inundaciones, malos olores, contaminación visual y exposición a agentes patógenos.
Señaló que dichos efectos impactan de manera más severa en las zonas marginadas, al verse agravados por la insuficiencia de infraestructura básica.
De acuerdo con estadísticas del INEGI, en Baja California se recolectan diariamente entre 3 mil y 4 mil 500 toneladas de basura, mientras que la entidad cuenta con menos de 30 sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos.
Tan solo en Mexicali, la Comisión Estatal de Servicios Públicos ha retirado más de 150 mil toneladas de basura en drenes y drenajes en los últimos tres años, informó el Congreso estatal.
En un comunicado, la XXV Legislatura agregó que la aprobación de esta iniciativa representa un paso firme hacia la construcción de una cultura de responsabilidad ciudadana y hacia la protección de la salud y el bienestar de las comunidades en Baja California.
El proyecto de ley quedó contenido en el Dictamen número 9 de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, instancia que coincidió en la necesidad de encontrar mejores mecanismos de gestión de residuos para evitar la contaminación de la vía pública y garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar.
