La diputada Michel Sánchez Allende presentó una iniciativa de reforma al Código Penal de Baja California para tipificar el delito de “tentativa de feminicidio” y dotar de mayor claridad normativa, así como fortalecer la actuación de las autoridades encargadas de la investigación, persecución y sanción de esta conducta, aun cuando no culminen en la privación de la vida de la víctima.
La legisladora emitió un posicionamiento y enfatizó que “el feminicidio es considerado la forma más extrema de violencia contra las mujeres, cuando alguna sobrevive a un intento de privación de la vida por razones de género, estos casos todavía suelen minimizarse e investigarse como violencia familiar o lesiones”.
Con esta reforma, cualquier persona que intente cometer feminicidio, podría enfrentar penas de 26 a 41 años de prisión, con lo cual se fortalece la protección a las mujeres sobrevivientes de este acto.
La iniciativa también busca proteger a las hijas e hijos de las víctimas por lo que cuando un agresor sea vinculado a proceso por tentativa de feminicidio, perderá de manera inmediata la patria potestad de las hijas e hijos, mientras se desarrolla el proceso penal y en caso de ser declarado culpable, la pérdida será definitiva, además de quedar sin derecho a participar en herencia por parte de su pareja, hijas y/o hijos.
La reforma surge también como respuesta a omisiones institucionales documentadas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en el Caso Daryela, así como a la lucha de sobrevivientes como Grecia, una joven mexicalense cuyo caso fue inicialmente tratado como violencia familiar pese a la gravedad de las agresiones que sufrió.
Michel Sánchez señaló que sobrevivir a un intento de feminicidio no puede significar quedar desprotegida o invisibilizada por la ley, “el feminicidio no empieza con la muerte; empieza mucho antes, con una cadena de violencias que durante años fueron normalizadas. Esta reforma busca detener esa violencia antes de que sea demasiado tarde”.
Con la “Ley Grecia”, las autoridades estarían obligadas a investigar como tentativa de feminicidio aquellos ataques contra mujeres donde existan razones de género, permitiendo actuar con mayor rapidez, otorgar medidas de protección y evitar que la violencia escale hasta convertirse en un feminicidio consumado.
