El abogado Jorge Luis Fuentes Valdez presentó denuncias penales en contra de dos jueces civiles, una actuaria y dos abogadas, por la presunta comisión de delitos contra la administración de justicia y despojo, relacionados con un litigio por 192 departamentos del conjunto residencial Campestre Murua.
Fuentes Valdez señaló que las denuncias forman parte de un caso en el que, de acuerdo con su versión, se habrían utilizado documentos falsos y resoluciones judiciales para favorecer lo que calificó como un “cártel inmobiliario”, además de advertir que ampliará la denuncia contra otros funcionarios de Tijuana y de la Ciudad de México.
En conferencia de prensa, el abogado indicó que su despacho, Fuentes Santillán y Asociados, es apoderado legal de la empresa Eventos y Relaciones Públicas, S. de R.L., dedicada a la administración de bienes inmuebles, la cual en octubre de 2024 firmó un contrato con Núcleo Construcciones, S.A. de C.V., para administrar los 192 departamentos del complejo Campestre Murua.
De acuerdo con Fuentes Valdez, el 15 de enero de 2026, Concepción “N”, quien se presentó como representante de Núcleo Construcciones, habría declarado falsamente y aportado documentos presuntamente falsos para promover un juicio sumario de desahucio de los 192 departamentos.
El abogado señaló que el juez tercero civil de Tijuana, Pedro Galaf Hernández García, dio entrada al juicio el 27 de enero y resolvió el 26 de febrero, en menos de un mes, con una orden de desalojo, plazo que consideró inusual dentro de un litigio de esta naturaleza.
Fuentes Valdez también denunció a la actuaria Walquiria Fernández Esquerra, a quien acusó de haber realizado un emplazamiento ilegal el 5 de febrero, “a espaldas de los legítimos propietarios y posesionarios del complejo departamental”, tras simular que dejó el documento de aviso con una empleada de la empresa administradora.
El 17 de marzo, según la denuncia, Marisol “N”, señalada como otra supuesta representante de Núcleo Construcciones, ingresó al complejo con apoyo de un cerrajero y bajo la protección de elementos de la Policía Municipal, donde fueron abiertas cerraduras de acceso a un edificio y posteriormente del departamento Q-104, para proceder al desalojo.
El abogado informó que el 27 de febrero presentó denuncia penal contra el juez tercero civil y la actuaria, bajo el número de caso NUC-0204-2026-06392, en la Unidad Modelo de Atención Ciudadana de la Fiscalía General del Estado.
También presentó una denuncia penal el 17 de marzo contra Marisol “N” por la probable comisión del delito de despojo, bajo el número de caso NUC-0204-2026-08408, y el 23 de marzo contra Concepción “N” por presuntos delitos de abogados defensores y litigantes, así como uso de documentos falsos, bajo el número NUC-0204-2026-09096.
De manera paralela, Fuentes Valdez promovió un juicio de amparo, radicado en el Juzgado Décimo de Distrito con el número 161/2026, en el cual el juez Alexis Manríquez Castro concedió el 10 de marzo la suspensión definitiva para frenar el desalojo ordenado por el juez tercero civil.
El abogado añadió que también lleva la defensa patrimonial de casos similares, en los que afirmó que estaría involucrado el juez décimo civil de Tijuana, Juan Carlos Constantino Ortega Veiga, a quien acusó de favorecer a personas foráneas, particularmente del Estado de México.
Fuentes Valdez advirtió que ampliará la denuncia contra el notario público interino 130 del Estado de México, el registrador público de la Propiedad y de Comercio de Tijuana, apoderados legales de Banorte, abogados locales y foráneos, el fiscal de Delitos Patrimoniales y un juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, por presuntos delitos similares.
