Con el objetivo de garantizar los derechos de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en Baja California, la diputada Daylín García Ruvalcaba presentó una reforma a la Ley de Atención y Protección a Personas con Autismo del Estado
La iniciativa incorpora nuevos capítulos sobre asistencia y cuidados, inclusión laboral, acceso a la justicia y la creación del Registro Estatal de Personas que viven en el Espectro Autista.
En su planteamiento destacó que la propuesta responde a los llamados de organismos internacionales como la OMS, OPS y ONU, que coinciden en que el autismo requiere una respuesta coordinada basada en diagnóstico temprano, información confiable, escuelas inclusivas y servicios de salud fortalecidos.
México cuenta con la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, desde 2015, pero no existe un registro nacional que permita conocer la prevalencia real del TEA.
En Baja California, la ley estatal vigente desde 2016 tampoco ha sido actualizada y carece de reglamento, situación que ha sido señalada reiteradamente por familias y organizaciones.
“Es indispensable contar con un marco estatal moderno, coordinado y alineado a estándares internacionales para atender una problemática real y recurrente”, afirmó García Ruvalcaba.
La reforma propone que la Secretaría de Salud cree y administre un Registro nominal específico, para medir y evaluar políticas públicas, identificar áreas de mejora y tomar decisiones informadas.
Además, asigna obligaciones transversales a las secretarías de Educación, del Trabajo, de Cultura y al Poder Judicial, para asegurar diagnóstico oportuno, canalización, desarrollo, protección, incorporación al sistema de cuidados e inclusión laboral.
“Un registro confiable y políticas coordinadas permitirán que cada niña, niño, adolescente y adulto con autismo reciba atención oportuna, continua y adecuada”, enfatizó la congresista.
En materia social, la iniciativa busca mejorar la calidad de vida mediante un enfoque de cuidados y coordinación con la federación y asociaciones civiles.
En lo económico, prevé beneficios para las familias al reducir gastos derivados de atención especializada y fortalecer estrategias para dotar terapias y apoyos indispensables.
