La Secretaría de Relaciones Exteriores respondió a la acusación presentada en Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios, al informar que las solicitudes de detención provisional con fines de extradición enviadas por ese país no contienen pruebas suficientes.
El posicionamiento se da luego de que fiscales estadounidenses hicieran pública una acusación por presuntos vínculos con el narcotráfico contra Rocha Moya, así como contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos Enrique Inzunza Cázarez y Juan de Dios Gámez Mendívil.
De acuerdo con la cancillería, las solicitudes fueron recibidas el 28 de abril a través de la Embajada de Estados Unidos y ya fueron turnadas a la Fiscalía General de la República para su análisis conforme a la legislación mexicana.
Sin embargo, tras una revisión jurídica inicial, la SRE indicó que los documentos no incluyen elementos de prueba que permitan determinar la responsabilidad de las personas señaladas, por lo que será la FGR la que evalúe si existen bases legales para proceder con las detenciones solicitadas.
La dependencia subrayó que el proceso debe apegarse a la Ley de Extradición Internacional y al tratado bilateral vigente entre México y Estados Unidos, lo que implica una revisión formal antes de cualquier acción judicial.
Además, informó que enviará un extrañamiento a la representación diplomática estadounidense por la forma en que se difundieron los documentos, al señalar que los tratados contemplan la confidencialidad de este tipo de procedimientos.
El caso continuará en manos de la FGR, que deberá integrar los expedientes y, en su caso, solicitar órdenes de detención provisional ante un juez. La resolución final sobre una eventual extradición corresponde al Ejecutivo federal.
