Más allá de su aprobación, la Ley Daryela obliga a revisar con seriedad cómo se está aplicando en la práctica y qué tanto está logrando transformar la realidad de quienes busca proteger, señaló Estefanía Campos, presidenta de la Barra de Abogadas Lic. María Sandoval de Zarco.
“Las leyes, por sí solas, no cambian las cosas. Su verdadero impacto depende de cómo se viven y se aplican todos los días. Por eso, es fundamental que todas las autoridades, en todos los niveles, estén debidamente capacitadas en perspectiva de género, igualdad y no discriminación. Este no es un tema opcional, sino una responsabilidad que nace de los principios más básicos de derechos humanos”, explicó la abogada.
Agregó que no basta con conocer la ley (sino que) es necesario entender lo que viven las víctimas, escuchar con empatía y actuar con sensibilidad. De lo contrario, existe el riesgo de repetir prácticas que, lejos de ayudar, terminan revictimizando a quienes buscan justicia.
Campos García externó que esta necesidad de capacitación aplica en todos los ámbitos como quienes integran las fiscalías, pero también para jueces, policías, personal de atención ciudadana, servidores públicos en dependencias de gobierno e incluso autoridades administrativas.
Comentó que cada una de estas instancias tiene contacto directo con personas que enfrentan situaciones de vulnerabilidad y su actuación puede marcar una diferencia profunda.
La forma en que se recibe una denuncia, se brinda orientación, se toma una decisión o se resuelve un caso, debe estar acompañada de herramientas que permitan identificar y atender adecuadamente las desigualdades que viven muchas mujeres, añadió.
A un año de esta reforma, Campos dejó claro que el desafío no es menor, ya que construir una justicia con perspectiva de género implica reconocer que aún hay áreas por mejorar y asumir la capacitación continua como parte esencial del servicio público, no como un complemento.
