Los litigios relacionados con seguridad social, atención médica y pensiones de integrantes de las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional registran un incremento ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), informó la magistrada de Sala Superior, Zulema Mousri Gutiérrez.
Durante una entrevista en Tijuana, la magistrada federal explicó que el tribunal observa un crecimiento en asuntos vinculados con sanciones por lavado de dinero y reclamaciones contra instituciones federales relacionadas con derechos sociales y servicios públicos.
“Actualmente tenemos temas, sanciones, por temas de la ley contra el lavado de dinero que se han incrementado muchísimo estos asuntos y también pensiones de los integrantes del ejército y también de la Guardia Nacional que son fuerzas civiles. Tenemos un incremento en temas demandas por cuestiones de derechos a la seguridad social de los integrantes de estos órganos del Estado”, declaró.
Mousri indicó que el tribunal funciona como una muestra de los conflictos que surgen entre ciudadanos y autoridades federales, debido a que concentra controversias derivadas de actos administrativos del Estado.
La magistrada expuso que, pese a la relevancia nacional del comercio exterior y la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), los litigios en esa materia representan una proporción reducida dentro de la carga total del tribunal.
“Los temas de comercio exterior representan actualmente el 0.7%, no llegan al 1%. Es un tema muy importante para el Estado mexicano definitivamente y máximo en este momento donde hay una revisión, el Estado mexicano está en un proceso de revisión de los términos del T-MEC”, dijo.
De acuerdo con la Memoria Anual 2025 del TFJA, el órgano jurisdiccional concluyó más de 142 mil juicios durante el último periodo reportado y mantuvo un inventario superior a 54 mil expedientes en trámite.
Trabas económicas
La funcionaria también habló sobre personas que enfrentan dificultades económicas para presentar demandas ante instituciones federales, especialmente en casos relacionados con servicios de salud.
“Muchas personas ni siquiera lo presentan porque ni saben o no tienen dinero. Entonces por el tipo de asuntos, quienes litigan aquí, presentan juicios, pues son empresas o personas que sí tienen dinero, la mayoría, para litigar”, expresó Mousri.
Entre los casos que mencionó se encuentran personas pensionadas, víctimas de violencia obstétrica y pacientes afectados por presuntas negligencias médicas en hospitales públicos federales.
“Me refiero a personas pensionadas o mujeres que son víctimas de violencia obstétrica, que no tienen forma de presentar una demanda o personas que no pueden acceder bien al servicio de salud o que sufrieron alguna negligencia médica de hospitales federales públicos, buscar la forma de acercar la justicia a estas personas”, comentó.
Salud, la de mayor incidencia
Los datos recientes de organismos oficiales muestran que las quejas relacionadas con atención médica mantienen una alta incidencia en el país. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que durante 2024 la omisión en la prestación de atención médica fue el hecho presuntamente violatorio de derechos humanos más frecuente en expedientes federales de queja.
Por separado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió durante enero de 2025 recomendaciones dirigidas al IMSS por casos de violencia obstétrica documentados en distintas entidades del país.
La magistrada sostuvo que uno de los principales desafíos del tribunal consiste en fortalecer la capacitación técnica y mantener controles internos contra actos de corrupción.
“Queremos profesionalización para que responda a las expectativas y a los retos que tiene no solamente México, sino también en un tribunal que conoce de estas operaciones que se dan en el ámbito internacional, recuperar la confianza, la seguridad jurídica para que tengan un tribunal con personas profesionales eficaces, sobre todo personas con integridad institucional”, indicó.
También se refirió a casos de alta sensibilidad pública que llegan al tribunal y que involucran violaciones a derechos humanos o tragedias con impacto nacional.
“Las personas que murieron en la estación migratoria en Juárez, las personas migrantes, que muchos de estas víctimas o de los familiares están fuera del país. Entonces hay cuestiones trabas a veces procesales que nosotros tenemos que entenderlas”, señaló.
Mousri Gutiérrez afirmó que el propósito del tribunal debe centrarse en garantizar el acceso a la justicia y fortalecer el Estado de derecho.
“El propósito es que tengamos claro que nuestro deber es cumplir con el país, con México, donde hay un orden jurídico, un Estado de derecho y en la medida que determinamos lo que debe prevalecer, pues toda la sociedad, todos ganamos”, concluyó.
