La presidenta de la Barra de Abogadas “Lic. María Sandoval de Zarco”, Estefanía Campos García, consideró importante hacer un llamado a la reflexión sobre las denuncias falsas, un tema que afecta tanto al sistema de justicia como a las personas y a las familias.
“Denunciar un delito es un derecho fundamental. Gracias a ello, las víctimas pueden acceder a la justicia y recibir protección. Sin embargo, ese derecho debe ejercerse con responsabilidad, porque cuando una denuncia se presenta sabiendo que los hechos son falsos, deja de ser un mecanismo de protección y puede convertirse en una herramienta para causar un grave daño”.
Campos García señaló que la ciudadanía debe saber que una denuncia presentada dolosamente con hechos falsos también puede generar consecuencias legales para quien la formula.
Explicó que dependiendo de las circunstancias del caso, esa conducta puede constituir ciertos delitos como falsedad en declaraciones ante autoridad, asi como uso indebido de medios de comunicación de emergencia y denuncia, falsificación de documentos y fraude procesal en ciertos supuestos, además de las responsabilidades legales que correspondan. La ley protege a las víctimas, pero también a quienes son acusados injustamente.
“Más allá de lo jurídico, una denuncia falsa puede provocar un profundo impacto emocional y psicológico. La incertidumbre, el daño a la reputación, los conflictos familiares y las afectaciones laborales pueden dejar secuelas importantes, incluso cuando posteriormente se demuestra la inocencia de la persona denunciada”, detalló la abogada.
Esta situación es aún más delicada cuando las denuncias falsas se utilizan en conflictos familiares para impedir la convivencia entre niñas, niños y adolescentes con alguno de sus padres, señaló.
Campos García dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que estas conductas también pueden constituir una forma de violencia, ya que no solo afectan a la persona denunciada, sino que también vulneran el derecho de niñas, niños y adolescentes a convivir de manera sana con ambos progenitores, siempre que ello sea compatible con su interés superior.
Asimismo, dijo, es fundamental recordar que toda persona goza del derecho humano a la presunción de inocencia y que nadie debe ser considerado culpable por el solo hecho de haber sido denunciado. Las autoridades tienen el deber de investigar con objetividad y apego a la ley, protegiendo tanto a las víctimas como los derechos de las personas investigadas.
Recomendó que si alguien considera que ha sido denunciado falsamente, lo más recomendable es acudir con un abogado especializado para que analice su asunto y determine cuáles son los mecanismos legales de defensa que pueden ejercerse.
“Desde la Barra de Abogadas hacemos un llamado a utilizar las instituciones de justicia con responsabilidad. Procurar justicia no significa judicializar a todas las personas; significa investigar con seriedad para sancionar a quien realmente cometió un delito y, al mismo tiempo, garantizar que ningún inocente sea acusado injustamente. Solo así podremos fortalecer la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones y consolidar un verdadero Estado de Derecho”, finalizó.
