El diputado Jaime Cantón Rocha propuso fortalecer el acceso a una justicia más rápida para las personas afectadas por el delito de despojo, por lo que presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de Baja California para que las audiencias y actuaciones jurisdiccionales relacionadas con estos casos reciban atención prioritaria y carácter urgente.
El legislador señaló que el despojo de viviendas y predios se ha convertido en una de las problemáticas que más afectan el patrimonio y la tranquilidad de las familias bajacalifornianas, por lo que es necesario que las autoridades judiciales cuenten con herramientas que permitan atender estos asuntos con mayor oportunidad.
“De acuerdo con cifras dadas a conocer en iniciativas recientes, durante el año 2024 se registraron aproximadamente mil 383 casos de despojo en Baja California, mientras que de enero a agosto de 2025 ya se contabilizaban 864 denuncias, siendo Mexicali uno de los municipios con mayor incidencia”, refirió.
La propuesta plantea que los jueces penales y de control den trámite preferente a las audiencias y actuaciones relacionadas con el delito de despojo, sin modificar las competencias, los procedimientos ni las garantías establecidas en la Constitución y en la legislación vigente.
El legislador indicó que, en muchos casos, la demora en los procesos judiciales provoca que las personas afectadas permanezcan durante largos periodos sin recuperar sus viviendas o inmuebles, lo que genera pérdidas económicas, conflictos familiares y un mayor sentimiento de impunidad.
Asimismo, la propuesta contempla que, una vez aprobada la reforma, el Consejo de la Judicatura del Estado emita lineamientos administrativos para implementar la atención prioritaria de estos casos, con criterios que permitan atender con especial rapidez aquellos que involucren viviendas habitacionales, personas en condición de vulnerabilidad o situaciones que representen un riesgo para la integridad de las víctimas.
Con esta iniciativa, el diputado Jaime Cantón Rocha dijo que busca fortalecer la protección del patrimonio de las familias bajacalifornianas, agilizar la restitución de inmuebles ocupados de manera ilegal y contribuir a que el sistema de justicia responda con mayor eficacia ante uno de los delitos patrimoniales que más afectan a la población.
