La publicación de la licitación para contratar crédito por hasta 2 mil 960 millones de pesos precisó que el Gobierno de Baja California podrá comprometer hasta el 5% de los ingresos presentes y futuros del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, conocido como impuesto sobre nómina, como fuente de pago del financiamiento.
Este lunes se publicó la edición especial del Periódico Oficial del Estado, donde la Secretaría de Hacienda emitió la convocatoria BC-SH-IPP-001-2026 para contratar uno o varios financiamientos.
Los recursos se utilizarán para la construcción de la red de distribución del agua generada, pues propiamente el costo de la construcción de la desaladora estará a cargo del gobierno federal.
El terreno donde se construirá la obra. Foto: CortesíaLa convocatoria estableció que el Estado busca crédito simple para inversión pública productiva y que el respaldo con el impuesto sobre nómina podrá canalizarse mediante un mecanismo financiero o fideicomiso.
El financiamiento podrá incorporar recursos para constituir un fondo de reserva equivalente a un mes del servicio de la deuda. Además, la convocatoria fijó el calendario del proceso, con registro de participantes hasta el 8 de abril, taller de aclaraciones el 16 de abril y presentación y apertura de ofertas el 8 de mayo en Mexicali.
El documento señaló además que el crédito podrá pagarse en un plazo de hasta 30 años y con un periodo de gracia de hasta 36 meses a partir de la primera disposición. La adjudicación se realizará a la institución financiera que ofrezca la menor tasa efectiva.
Los empresarios
El uso del impuesto sobre nómina como garantía de pago fue uno de los puntos de fricción entre el gobierno estatal y el sector empresarial, que en distintos momentos ha impulsado iniciativas o peticiones a la reducción de ese gravamen.
La semana pasada el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana entregó a las autoridades estatales una carpeta con estudios y observaciones elaboradas por el Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana (CDT), en la que incluyó inquietudes sobre el impacto financiero del esquema de deuda.
“Planteamos inquietudes puntuales, como el tema de las fugas en la red y el uso del impuesto sobre nómina como garantía de la deuda; creemos que es importante revisar estos puntos para no comprometer la competitividad futura del estado”, dijo Roberto Lyle Fritch, presidente del CCE.
El financiamiento fue autorizado por el Congreso de Baja California en febrero de 2026 mediante el Decreto 221, pero la publicación en el POE abrió formalmente la etapa de contratación y agregó los términos operativos y financieros, por lo que se puso conocer detalles específicos como el porcentaje específico del 5% del Isrtp, el fideicomiso a utilizar y la creación de un fondo de reserva.
