Ante la detención del ex gobernador Ernesto Ruffo Appel, organismos empresariales exigieron imparcialidad y transparencia en el proceso judicial, así como la no aplicación de una justicia selectiva.
El ex mandatario de Baja California (1989-1995) fue detenido ayer por una investigación sobre una red de “huachicol fiscal”.
La Coparmex de Tijuana, Ensenada y Mexicali emitió un comunicado en el que se pronuncia por la aplicación de la Ley en un contexto de imparcialidad, transparencia y pleno respeto al estado de derecho.
“La aplicación de la justicia debe estar libre de cualquier sesgo político, mediático o de oportunidad. Por ello, hacemos un llamado a las autoridades competentes para que este procedimiento se conduzca con absoluta objetividad, respetando la presunción de inocencia”, señala una parte del comunicado.
“La Coparmex espera que este caso no tenga el efecto de desviar la atención de otros asuntos de interés público que también demandan claridad, transparencia y rendición de cuentas, particularmente aquellos relacionados con señalamientos que han sido formulados públicamente respecto de altos funcionarios del Gobierno del Estado de Baja California”, añade el comunicado en clara alusión a la gobernadora Marina del Pilar Ávila, de quien se filtraron audios polémicos.
Añade que la justicia selectiva debilita al Estado de Derecho, mientras que la justicia imparcial lo fortalece, por lo que el organismo hace un llamado las autoridades competentes continúen investigando y esclareciendo todos aquellos asuntos que sean de interés público.
Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Baja Californian exigió garantizar plenamente los derechos humanos, integridad, privacidad y presunción de inocencia de Ruffo Appel.
“Una orden de aprehensión no representa una sentencia y toda persona debe ser tratada como inocente mientras no exista una resolución definitiva emitida por un tribunal competente”, manifiesta el comunicado del CCE.
“El Estado de derecho pierde legitimidad cuando su aplicación se percibe selectiva o desequilibrada. Por ello, la ley debe aplicarse con el mismo rigor, transparencia y celeridad para todos, sin distinción de filiación partidista, trayectoria política, posición económica o cercanía con el poder”, agrega el texto del CCE.
El CCE señala que la exhibición pública de imágenes de personas detenidas y de actuaciones procesales no debe utilizarse para anticipar condenas, vulnerar la privacidad, ni distraer la atención de otros hechos relevantes que acontecen en Baja California; esto último también en referencia al caso de la gobernadora.
