Diversos organismos empresariales, jurídicos y de la sociedad civil de Baja California emitieron en los últimos días pronunciamientos públicos en torno a la detención y procesamiento del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.
En los documentos coincidieron en solicitar que el caso se conduzca con apego al debido proceso, el respeto a la presunción de inocencia y al Estado de Derecho.
Entre las organizaciones que difundieron posicionamientos se encuentran Grupo Minarete, el Colegio de Abogados Constitucionalistas, la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (Concaam), Acción por los Derechos Fundamentales A.C. y la Asociación de Industriales de la Mesa de Otay (AIMO).
Esta última publicó un comunicado fechado el 18 de julio en el que manifestó su rechazo a la detención del exmandatario y cuestionó la actuación de las autoridades federales.
Grupo Minarete señaló que la exposición pública del exgobernador durante su detención vulneró el principio de presunción de inocencia y pidió que la procuración de justicia se ejerza con imparcialidad, sin cálculos políticos ni electorales.
Además, solicitó que la ley se aplique de manera igual para todos y que las instituciones de justicia no sean utilizadas como instrumentos de persecución.
Por su parte, el Colegio de Abogados Constitucionalistas expresó su preocupación por la forma en que se ejecutó la aprehensión y la difusión pública del caso. En su pronunciamiento sostuvo que toda persona goza del derecho a la presunción de inocencia y exhortó a las autoridades a privilegiar el debido proceso, la legalidad, la objetividad y el respeto a la dignidad humana.
En un documento con argumentos similares, la Concaam manifestó que la exhibición pública de personas sujetas a investigación penal puede afectar su dignidad y generar una percepción anticipada de culpabilidad.
La organización hizo un llamado para que las investigaciones y la persecución de los delitos se desarrollen con estricto apego a la Constitución y a los derechos humanos.
Acción por los Derechos Fundamentales A.C. dirigió un manifiesto público a la Fiscalía General de la República en el que pidió revisar la legalidad de la medida adoptada contra Ruffo Appel y, en caso de no existir fundamento jurídico suficiente, ordenar su inmediata libertad.
Además, llamó a que toda actuación de la autoridad se conduzca con objetividad, legalidad e imparcialidad.
En tanto, la Asociación de Industriales de la Mesa de Otay calificó como desproporcionado el operativo de captura y el traslado del exgobernador al penal federal del Altiplano.
También sostuvo que el proceso debe garantizar el equilibrio procesal, el respeto a los derechos humanos y evitar el uso político de las instituciones de procuración de justicia.
Los organismos coinciden en solicitar que las autoridades respeten las garantías constitucionales, el debido proceso y la presunción de inocencia durante el desarrollo del procedimiento penal contra el exgobernador de Baja California.
