El Congreso del estado emitió un atento exhorto a la Secretaría General de Gobierno (SGG), a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California, a investigar y prevenir la posible usurpación de funciones policiales y el uso indebido de unidades y equipamiento de seguridad pública.
El punto de acuerdo impulsado por el diputado Fidel Mogollón Pérez, señala que la seguridad pública es una función esencial del Estado que debe ejercerse bajo principios de legalidad, certeza y profesionalismo, garantizando en todo momento la plena identificación de las autoridades ante la ciudadanía.
El legislador advierte que la confianza ciudadana depende de la certeza de que quienes portan uniformes, operan patrullas o realizan actos de autoridad, actúan dentro de un marco legal y con atribuciones debidamente conferidas, lo cual actualmente se encuentra en entredicho por diversos reportes recientes.
Indicó que se han difundido materiales audiovisuales y testimonios que evidencian la presencia de unidades con apariencia oficial cuyos ocupantes no portan identificación visible, utilizan vestimenta no reglamentaria o incluso ocultan su identidad, lo que genera incertidumbre sobre la legitimidad de sus actuaciones.
Asimismo, se señala que en algunos casos han realizado actos propios de autoridad, como detenciones o retenciones de ciudadanos, sin claridad sobre el sustento legal, lo que podría derivar en violaciones a derechos fundamentales e incluso en conductas ilícitas.
El documento también advierte sobre la presencia de estas unidades en fraccionamientos y calles privadas, espacios que requieren condiciones específicas para la intervención de autoridades, lo que incrementa el riesgo para la seguridad y el patrimonio de las familias.
El exhorto plantea que las autoridades implementen acciones coordinadas de verificación, supervisión y control sobre el uso de unidades, uniformes, insignias y equipamiento de seguridad pública, así como la investigación de posibles delitos relacionados con la usurpación de funciones.
Además, que informen al Congreso sobre las acciones emprendidas y sus resultados, con el objetivo de garantizar que el ejercicio de la seguridad pública se realice exclusivamente por las autoridades facultadas, para fortalecer el Estado de Derecho y el orden público.
