El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, habría recibido apoyo directo de la facción de Los Chapitos para ganar la elección de 2021, a cambio de facilitar el control de corporaciones de seguridad y proteger las operaciones del Cártel de Sinaloa, de acuerdo con una acusación presentada en Estados Unidos.
El documento, presentado ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, sostiene que integrantes del grupo criminal intimidaron opositores, robaron urnas y presionaron votantes durante la jornada electoral, con el objetivo de asegurar el triunfo del actual mandatario estatal.
La acusación incluye a otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos el senador Enrique Inzunza Cázarez, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil, así como mandos de seguridad y exintegrantes del gabinete estatal.
De acuerdo con la fiscalía estadounidense, antes de la elección, Rocha Moya se reunió con líderes de Los Chapitos, entre ellos Iván y Ovidio Guzmán, quienes le ofrecieron respaldo político. A cambio, el entonces candidato habría prometido designar funcionarios afines al grupo criminal y garantizar condiciones para sus operaciones.
La acusación de Estados Unidos.Tras asumir el cargo, el documento señala que la administración estatal permitió la infiltración del cártel en corporaciones de seguridad, así como la protección de rutas de tráfico de drogas y cargamentos con destino a Estados Unidos.
En el caso de Inzunza Cázarez, la acusación lo ubica como parte de las reuniones posteriores al proceso electoral, en las que se habrían definido acuerdos para mantener el control de la Policía Estatal de Sinaloa y proteger al grupo criminal.
A Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, se le atribuye haber entregado información sobre opositores políticos al cártel antes de la elección, mientras que al alcalde de Culiacán se le señala por presuntamente recibir pagos mensuales para permitir la operación del grupo criminal en el municipio.
El documento también incluye a mandos de seguridad como Dámaso Castro Zaavedra, Gerardo Mérida Sánchez y Juan Valenzuela Millán, a quienes se acusa de recibir sobornos, filtrar operativos y facilitar la operación del cártel.
La acusación contempla delitos como asociación delictuosa para importar narcóticos, uso de armas de alto poder y secuestro con resultado de muerte, este último relacionado con el asesinato de una fuente confidencial de la DEA.
Además, detalla que el Cártel de Sinaloa utilizó rutas por estados fronterizos como Baja California para introducir drogas a Estados Unidos, en una operación que, según el documento, se sostuvo durante varios años.
