Ante el incremento anticipado de las temperaturas en Baja California y su impacto directo en el gasto familiar, la diputada Alejandrina Corral Quintero presentó un punto de acuerdo para exhortar a la titular del Poder Ejecutivo estatal a gestionar, de manera urgente, el adelanto del subsidio a las tarifas eléctricas a partir del mes de abril de 2026.
El punto de acuerdo indica que actualmente, el esquema de subsidio aplicado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) inicia el 1 de mayo y concluye el 31 de octubre, dejando sin cobertura el mes de abril, periodo en el que ya se registran condiciones climáticas extremas que obligan a un mayor consumo de energía eléctrica en los hogares.
Agrega que el desfase en el periodo actual de subsidio implica una carga económica desproporcionada para los hogares bajacalifornianos, particularmente en contextos de vulnerabilidad, quienes deben destinar una mayor parte de sus ingresos para garantizar condiciones básicas de habitabilidad ante el calor.
La diputada señaló que estados con condiciones climáticas similares, como Sonora, ya cuentan con esquemas donde el subsidio inicia desde el mes de abril, lo que evidencia una disparidad que debe ser corregida bajo criterios de justicia y equidad en la política pública federal.
La legisladora destacó que el acceso a servicios esenciales como la energía eléctrica en condiciones asequibles, forma parte del concepto de mínimo vital, reconocido por la Suprema Corte, el cual obliga al Estado a garantizar condiciones básicas de subsistencia, incluyendo las relacionadas con la salud y el bienestar.
“Si bien la política tarifaria corresponde al ámbito federal, el Gobierno del Estado tiene la facultad y la responsabilidad de gestionar y defender los intereses de la población bajacaliforniana, particularmente frente a condiciones extraordinarias como las temperaturas extremas”, advirtió.
En el exhorto también contempla la solicitud de que, en un plazo razonable, se informe al Congreso del Estado sobre las acciones implementadas para atender esta demanda ciudadana, con lo que se refuerza la rendición de cuentas y el seguimiento institucional.
La propuesta se sustenta en principios constitucionales y en el derecho humano a la salud, reconocido en el artículo Cuarto de la Constitución, el cual se ve comprometido cuando las personas no pueden mantener condiciones térmicas adecuadas en sus hogares.
