El Pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad la reforma a un artículo del Código Penal del Estado que aumenta la penalización por violencia familiar en presencia de menores de edad.
La reforma señala que la ejecución de actos de violencia en presencia de personas menores de edad no sólo implica la agresión directa entre los integrantes del núcleo familiar, sino que extiende sus efectos a quienes, por su condición, se encuentran en una etapa de especial formación y desarrollo.
El Dictamen No. 28 de la Comisión de Justicia presentado por el diputado Adrián Humberto Valle Ballesteros, fue aprobado por el Pleno por dieciocho votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.
Explicó que la exposición a este tipo de conductas puede generar impactos reales en su estabilidad emocional, en la construcción de su personalidad y en la forma en que perciben y reproducen las relaciones interpersonales.
Consideró la Comisión dictaminadora, que la presencia de niñas, niños o adolescentes durante la comisión del hecho constituye un elemento que agrava la conducta, al trascender el ámbito individual de la agresión y proyectar sus consecuencias sobre el entorno familiar en su conjunto.
Porque no se trata únicamente de la violencia ejercida, sino del contexto en que ésta ocurre, el cual amplifica sus efectos al involucrar indirectamente a personas en situación de particular vulnerabilidad, indicó el legislador.
De esta forma, se aprobó la enmienda al artículo 242 BIS de dicho Código, para que cuando exista reincidencia por parte del activo, o cuando la acción se realice en contra de persona con discapacidad, embarazada o adulta mayor, o cuando los actos de violencia se cometan en presencia de niñas, niños o adolescentes, la pena mínima y máxima se aumentará hasta una mitad.
Y, en su caso, atendiendo a la gravedad de la conducta a juicio de la persona juzgadora se le condenará a la suspensión o pérdida del ejercicio de la patria potestad, tutela o guarda y cuidado de la persona menor de dieciocho años, persona adulta mayor o persona con discapacidad, a quien tenga el ejercicio de ésta, por resolución judicial. En ningún caso el Ministerio Público remitirá para mediación o proceso alternativo de solución a las Víctimas de Violencia familiar.
