Con el propósito de fortalecer la certeza jurídica en los procedimientos sucesorios y proteger el patrimonio de las familias, la diputada Araceli Geraldo Núñez presentó una iniciativa de reforma al Código Civil para el Estado de Baja California, a fin de establecer de manera expresa la incapacidad para ejercer el cargo de albacea a personas condenadas mediante sentencia firme por delitos patrimoniales.
El albacea es la figura responsable de representar legalmente una herencia mientras esta permanece indivisa, además de administrar, conservar y distribuir los bienes conforme a lo establecido en el testamento o en la legislación aplicable, por lo que la iniciativa subraya la importancia de que quienes ejerzan esta responsabilidad cuenten con condiciones de probidad y confianza.
La propuesta plantea especificar en la legislación los supuestos que impiden desempeñar dicha función, debido a que la redacción actual sólo contempla esta restricción de forma general, lo que puede provocar interpretaciones ambiguas o vacíos en su aplicación.
La legisladora explicó que esta modificación permitirá delimitar con mayor claridad el alcance de la norma y fortalecer su operatividad, además de brindar mayores garantías de transparencia y seguridad jurídica para herederos y legatarios durante el desarrollo de los procedimientos sucesorios.
Actualmente, el artículo 1567 del Código Civil del Estado dispone que no podrán ser albaceas las personas condenadas por delitos contra la propiedad; sin embargo, la inicialista considera necesario especificar de manera puntual los delitos que actualizan esta imposibilidad jurídica.
La diputada Araceli Geraldo propone constituir, dentro del mismo ordenamiento civil, los delitos relacionados con la administración de bienes, la confianza y la probidad, incluyendo fraude, abuso de confianza, robo y administración fraudulenta, entre otros ilícitos que atenten contra el patrimonio.
Con esta reforma se fortalecen los mecanismos de protección patrimonial y se contribuye a que los procedimientos sucesorios se desarrollen bajo principios de legalidad, transparencia y seguridad jurídica, evitando riesgos que puedan afectar los derechos de las personas beneficiarias de una herencia.
